El Ministerio del Interior ha admitido que no puede localizar a miles de migrantes a los que pretende deportar a Ruanda, mientras se prepara para detener a los primeros individuos esta semana.
Un documento publicado discretamente por el departamento indica que se ha identificado a más de 5.700 migrantes para su expulsión. Sin embargo, solo se puede localizar para su detención a 2.145 de ellos, que “siguen informando al Ministerio del Interior”, según el documento.
El Ministerio del Interior ha afirmado que los 3.557 restantes no necesariamente se han fugado, pero no están sujetos a restricciones de informe, lo que significa que no se pueden localizar para su detención.
Fuentes del departamento admitieron que existe un riesgo significativo de que se fuguen tras la implementación del programa de deportación a Ruanda.
Hasta ahora, el Ministerio del Interior ha confiado en el incentivo de alojamiento gratuito y una asignación semanal de £49 para evitar que las personas se fuguen, pero los funcionarios temen que la amenaza de deportación supere eso.
Los funcionarios tienen previsto comenzar a detener a los migrantes esta semana antes del primer vuelo a Ruanda. La información se incluyó en una actualización de la evaluación de impacto en la igualdad del departamento.
Los migrantes identificados para su deportación a Ruanda llegaron todos al Reino Unido de manera ilegal, la mayoría en pequeñas embarcaciones, entre enero de 2022 y junio de 2023. Esto significa que ninguna persona que haya llegado al Reino Unido en los últimos 10 meses estará en los vuelos iniciales.
Los migrantes serán detenidos en uno de los seis centros permanentes de expulsión de inmigrantes del Reino Unido, que tiene una capacidad máxima de 2.175 personas.
Fuentes del Ministerio del Interior dijeron que habrá entre 400 y 700 plazas reservadas para los migrantes que serán deportados a Ruanda. Los lugares restantes serán necesarios para la detención de criminales extranjeros y otros infractores de inmigración, como aquellos que han incumplido los términos o han excedido la duración de sus visas.
El documento también reveló preocupaciones de que los diputados puedan lograr retrasar o cancelar la deportación de los migrantes al presentar representaciones de último minuto. Existe una convención parlamentaria de larga data que suspende la expulsión hasta que se haya considerado un caso y se haya emitido una respuesta al diputado.
Sin embargo, el Ministerio del Interior admitió en el documento que puede esperar una “atención significativa” de los diputados dada la “novedosa naturaleza” del programa de Ruanda, y agregó: “Los que responden pueden verse abrumados por los casos, lo que puede causar un retraso o la cancelación de la expulsión pendiente de una respuesta”.
El departamento dijo que cuenta con personal adicional para responder a las representaciones de los diputados.
El documento establece que los nuevos poderes para ignorar las medidas cautelares provisionales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para suspender la expulsión de los migrantes no serán automáticos y se utilizarán “caso por caso” por parte del ministro del Interior. Este poder fue un elemento crucial de la Ley de Seguridad de Ruanda, que se convirtió en ley la semana pasada, y fue diseñado para evitar una repetición de la medida cautelar de último minuto en junio de 2022 para suspender el primer vuelo programado a Ruanda.
Se ha indicado a los funcionarios públicos que no obstaculicen una decisión de ignorar al tribunal europeo debido a preocupaciones de que los funcionarios desafíen a los ministros.
Darren Tierney, el director general de integridad y ética en la Oficina del Gabinete, escribió una carta a Sir Matthew Rycroft, el secretario permanente del Ministerio del Interior, en la que afirmaba que todos los funcionarios deben cumplir con la decisión del ministro sobre si cumplir o no con una orden de Estrasburgo.
La carta decía: “Es responsabilidad de los funcionarios públicos implementar esa decisión. Esto se aplica a todos los funcionarios públicos”.
La guía para los funcionarios establece que “solo un ministro de la corona puede decidir si el Reino Unido cumplirá” con cualquier fallo del Tribunal Europeo. Dijo que cualquier intento de “rechazar la implementación” del programa de Ruanda no cumpliría con la “función constitucional del servicio civil imparcial”.
Se ha expresado preocupación de que los funcionarios públicos puedan negarse a implementar una decisión ministerial después de recibir asesoramiento legal oficial, filtrado a The Times a principios de este año, que advertía que ignorar una orden constituiría una violación del derecho internacional.
Los migrantes que fueron identificados para su deportación a Ruanda ya habían recibido previamente un “aviso de intención” de considerar sus solicitudes de asilo como inadmisibles. Hay 34.113 personas a las que se les ha informado que su solicitud es inadmisible.
Los afganos son el grupo más numeroso con los avisos, seguidos de los albaneses, iraníes, eritreos, sirios, iraquíes y sudaneses. Los números reflejan en gran medida la cantidad de personas que cruzaron el Canal ilegalmente entre enero de 2022 y junio de 2023.
El documento también deja claro que algunos de los 5.700 migrantes originalmente identificados para su deportación a Ruanda “pueden optar por buscar una salida voluntaria a su país de origen”, pero no se aceptarán solicitudes voluntarias realizadas por individuos después de ser detenidos para su deportación.
El Ministerio del Interior dijo: “Como dejó claro el primer ministro, pondremos en marcha vuelos a Ruanda en las próximas diez a doce semanas. En preparación, hemos identificado al grupo inicial que será deportado a Ruanda y tenemos cientos de trabajadores de casos dedicados listos para procesar cualquier apelación. Sería inapropiado hacer más comentarios sobre la actividad operativa”.